La Justicia bonaerense detuvo al jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón y a otros ocho efectivos policiales acusados de integrar una presunta red de cobro de coimas durante controles realizados sobre la Ruta Nacional 8.
La investigación judicial reveló más de 300 transferencias bancarias efectuadas por conductores, transportistas y empresas que habrían pagado dinero para evitar multas, secuestros de vehículos o causas contravencionales.
La causa está encabezada por la fiscal Magdalena Brandt y el juez de Garantías César Solazzi, quienes avanzaron con allanamientos en dependencias policiales y domicilios particulares, ante la gravedad de las acusaciones.
Según la pesquisa, el mecanismo ilegal habría funcionado entre enero de 2024 y noviembre de 2025. Los policías supuestamente amenazaban a los conductores con infracciones, retención de documentación, secuestros de vehículos e incluso causas penales, ofreciendo luego evitar las sanciones a cambio de dinero.
De acuerdo con el expediente, las víctimas realizaban transferencias bancarias a una cuenta del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, considerada por la fiscalía como uno de los ejes centrales de la maniobra investigada.
Posteriormente, el dinero habría sido redistribuido entre cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con el jefe policial y otros integrantes de la estructura.
La causa detectó movimientos millonarios. Según la investigación, algunos de los efectivos involucrados habrían recibido transferencias por más de 23 millones de pesos, además de otros pagos menores distribuidos dentro de la organización.
Uno de los episodios incorporados al expediente involucra a un camionero al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar sanciones. Finalmente, según la acusación, terminó pagando 2 millones mediante transferencias desde distintas cuentas.
La fiscalía también detectó pagos relacionados con presuntas irregularidades en documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patentes y hasta tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.
Ante la magnitud del caso, los imputados fueron acusados de asociación ilícita y la Justicia no descarta que existan vínculos con otras dependencias de Policía Vial de la región Junín y Carabelas.
Además, la fiscal Brandt advirtió sobre posibles riesgos procesales y denunció que uno de los acusados habría intentado contactar a una de las víctimas para influir en su declaración.
