El cobro de la tasa vial volvió al centro de la escena en la provincia de Buenos Aires, en medio de una creciente tensión entre municipios, productores rurales y la Justicia, que en los últimos días sumó nuevos fallos con fuerte impacto.
Decisiones judiciales en distritos como Daireaux y Azul se alinean con un antecedente clave en Carlos Casares, donde se declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de una prestación efectiva del servicio.
El eje del conflicto es claro: productores sostienen que el mantenimiento de los caminos rurales no se corresponde con lo que abonan, mientras que los municipios defienden la tasa como una herramienta indispensable en un contexto de caída de recursos.
En paralelo, otros fallos avanzaron sobre la necesidad de transparencia. En Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, la Justicia ordenó al municipio informar el destino de los fondos recaudados, reforzando el derecho de acceso a la información pública. En la misma línea, un fallo en Baradero obligó a la comuna a brindar detalles sobre la administración de la tasa.
El trasfondo económico no es menor. Con una marcada caída de la coparticipación y recortes de fondos nacionales, muchos intendentes apelan a este recurso para sostener servicios esenciales. Sin embargo, el deterioro de los caminos rurales —agravado por factores climáticos— alimenta el malestar del sector productivo.
En distritos de fuerte perfil agropecuario, como 9 de Julio, el impacto es evidente: las intensas lluvias registradas en marzo, con acumulados de entre 250 y 300 milímetros, dejaron cerca del 70% de los caminos en condiciones críticas, profundizando los reclamos.
A nivel provincial, el desafío es estructural. La red vial rural supera los 120 mil kilómetros, de los cuales alrededor del 90% corresponde a caminos de tierra, lo que complejiza su mantenimiento y los vuelve altamente vulnerables a las condiciones climáticas.
Desde el lado de los intendentes, la defensa es contundente. Argumentan que, lejos de ser una herramienta recaudatoria discrecional, la tasa vial permite sostener un sistema que, en muchos casos, demanda inversiones superiores a lo que efectivamente se recauda.
En contraposición, entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa celebraron los fallos y remarcaron que una tasa solo puede exigirse si existe una contraprestación concreta, medible y verificable. De lo contrario —advierten— se transforma en un impuesto encubierto.
Así, entre fallos judiciales, reclamos del sector productivo y la necesidad de financiamiento de los municipios, la tasa vial se consolida como uno de los puntos más sensibles de la agenda bonaerense, con un conflicto que, lejos de resolverse, suma nuevos capítulos.
Con información de "La Mañana de Bolívar".
