El caso que investiga el uso indebido de propofol y fentanilo, tras la muerte de un residente, volvió a poner en el centro del debate cómo funciona el sistema de control de medicamentos en Argentina.
La ANMAT cuenta con un sistema nacional de trazabilidad que permite seguir el recorrido de ciertos fármacos desde su producción hasta su destino final, con el objetivo de evitar desvíos, robos o falsificaciones.
Cada medicamento incluido en este sistema posee una especie de “DNI”: un código internacional (GTIN) que identifica el producto y un número de serie único por unidad. Desde el laboratorio, pasando por droguerías, distribuidores y farmacias, cada movimiento debe ser informado obligatoriamente, lo que permite reconstruir toda la cadena de circulación del fármaco hasta que llega a un establecimiento de salud.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles aparece dentro de los hospitales. En el caso de medicamentos como el propofol o el fentanilo, la trazabilidad no se realiza ampolla por ampolla, sino por caja. Esto implica que, una vez que el producto ingresa al hospital, el seguimiento individual de cada dosis deja de estar bajo el sistema nacional y pasa a depender de los registros internos de cada institución.
Este esquema genera una zona gris: el sistema puede confirmar que una caja llegó a un hospital, pero no puede determinar automáticamente qué ocurrió con cada ampolla. Por eso, en investigaciones como la del caso reciente, el foco se traslada a los controles internos, el acceso al stock y la consistencia entre inventarios y consumo, dejando en evidencia que una parte clave del control depende de cómo cada centro de salud gestiona sus propios mecanismos de seguimiento.
