Dos mujeres responsables del hogar “Nido de Águila”, ubicado en la localidad de Florencio Varela, fueron detenidas acusadas de someter a niños y adolescentes a condiciones de explotación laboral, obligándolos a realizar trabajos pesados y castigándolos incluso con la privación de alimentos.
La investigación judicial sostiene que al menos 13 menores habrían sido obligados a realizar tareas físicas extenuantes durante largas jornadas. Entre las actividades que debían cumplir figuraban preparar cemento, trasladar maderas, piedras y otros materiales de construcción, además de juntar en carretillas las heces y desperdicios de decenas de animales del predio.
Según la causa, los chicos también debían limpiar el establecimiento y ocuparse del cuidado de 31 perros y dos caballos que se encontraban en el lugar.
El expediente es llevado adelante por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Berazategui, quien imputó a las responsables del hogar por el delito de reducción a la servidumbre. Las detenciones se concretaron tras un allanamiento realizado por personal policial en el establecimiento.
De acuerdo con la investigación, las tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia o a la intemperie. Además, los menores habrían sido privados de alimentos y, en algunos casos, obligados a pasar la noche fuera del edificio si se negaban a cumplir con las órdenes.
La causa también señala que los chicos tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar. Incluso algunos de ellos habrían llegado a dormir junto a los perros del predio.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un joven que había pasado por el hogar durante su infancia y relató las condiciones en las que se vivía en el establecimiento.
Durante el operativo en el predio se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa. Además, los investigadores lograron identificar a todos los menores presuntamente damnificados.
En paralelo, la Justicia investiga un posible encubrimiento agravado por parte de dos mujeres que se desempeñaban como funcionarias del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Según la sospecha judicial, ambas habrían alertado a las responsables del hogar sobre inspecciones y procedimientos judiciales, lo que habría permitido ocultar pruebas o modificar las condiciones del lugar antes de la llegada de los investigadores.
Los investigadores también creen que esas filtraciones habrían facilitado el traslado de algunos de los chicos que residían en el establecimiento. De hecho, durante el último allanamiento solo se encontraron cuatro menores en el hogar, quienes fueron inmediatamente derivados a otros dispositivos de cuidado.
Las dos responsables del establecimiento se negaron a declarar ante el fiscal y permanecen detenidas mientras la Justicia analiza el pedido de excarcelación presentado por sus defensores y continúa investigando si hubo más personas involucradas en el caso.
