Un duro revés judicial impacta sobre la Municipalidad de Azul. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada “Tasa por Servicios Esenciales”, que obligaba a productores rurales a abonar hasta un litro de gasoil por hectárea al mes, y ordenó que las costas del proceso sean afrontadas por el municipio.
El fallo se dictó en la causa “Carrizo Alicia Graciela y otros C/ Municipalidad de Azul S/ Pretensión Anulatoria” y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia, que solo había declarado la ilegitimidad del 50% del monto liquidado. Ahora, el tribunal determinó que la nulidad alcanza al 100% de lo cobrado en cada caso, lo que implica que el municipio deberá devolver la totalidad de lo recaudado por ese concepto.
La resolución fue firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, quienes consideraron válido el planteo central de los productores: la invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023 que instituyeron el tributo.
El conflicto se había iniciado en febrero de 2024, cuando productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul promovieron una demanda colectiva contra la comuna. La tasa establecía el pago equivalente a hasta un litro de gasoil por hectárea mensual —y dos litros en el caso de frentistas urbanos— para financiar servicios como salud, educación, deporte, cultura, inclusión, mantenimiento de espacios públicos y señalética.
Un total de 190 productores, que representaban cerca de 190.000 hectáreas —alrededor del 30% del distrito—, cuestionaron la constitucionalidad del gravamen al sostener que no existía una contraprestación directa vinculada a la actividad rural. Desde el punto de vista técnico, argumentaron que no podía considerarse una tasa sino un impuesto encubierto.
Durante su vigencia, la resistencia fue significativa: el municipio habría logrado recaudar alrededor del 40% de lo previsto en la primera cuota. Con la nulidad total ahora confirmada, se abre un escenario complejo para la administración del intendente Nelson Sombra, que deberá afrontar devoluciones a los productores alcanzados.
En paralelo, los impulsores de la demanda anticiparon que avanzarán con una nueva acción judicial para exigir una rendición detallada sobre el destino de los fondos recaudados.
