El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo procedimiento para detectar, denunciar y sancionar obras hidráulicas no autorizadas, una problemática histórica que durante más de dos décadas generó graves consecuencias ambientales, productivas y conflictos entre productores, especialmente en el interior bonaerense.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 46/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que reemplaza normativas vigentes desde los años 2002 y 2003, consideradas obsoletas y poco eficaces. El nuevo esquema apunta a fortalecer el control estatal sobre canales, drenajes y modificaciones de cursos de agua realizados sin autorización.
Entre las principales novedades se destaca la posibilidad de realizar denuncias ciudadanas mediante un formulario electrónico que será habilitado en la web de la Autoridad del Agua (ADA). Además, tanto la propia ADA como los municipios y la Dirección de Hidráulica podrán actuar de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, ampliando la capacidad de intervención ante situaciones irregulares.
El procedimiento incorpora el uso de imágenes satelitales certificadas para constatar la existencia de obras no autorizadas, lo que permitirá acelerar los controles y detectar intervenciones incluso en zonas rurales de difícil acceso. Una vez verificada la obra, se evaluará si afecta al Sistema Hidráulico Provincial y si cuenta con la autorización correspondiente.
En caso de comprobarse la irregularidad, el responsable será intimado por infracción a la Ley N° 12.257 y contará con un plazo de cinco días para presentar su descargo. De no acreditar la legalidad de la intervención, la obra será declarada clandestina y se aplicarán sanciones económicas. En los casos más graves, cuando se afecte directamente al sistema provincial, además de la multa se exigirá la desactivación de la obra y la restitución del terreno a su estado original.
Desde la Provincia advirtieron que el desconocimiento de la normativa no exime de responsabilidades y que el nuevo sistema facilita la detección de infracciones. El endurecimiento de los controles busca ordenar el manejo del agua, reducir los impactos aguas abajo y evitar nuevos conflictos en un territorio históricamente golpeado por los excesos hídricos.
