Con la consigna “Justicia para Vane”, familiares, amigos y vecinos de Vanesa Escalante se movilizaron este martes por el centro de Luján para exigir la detención del efectivo de la Policía Federal acusado de provocar el siniestro vial que terminó con la vida de la joven.

La marcha concluyó frente a la sede de la Fiscalía, donde los manifestantes expresaron su indignación por la liberación del imputado.
Vanesa Escalante, de 36 años y oriunda de General Rodríguez, falleció el sábado 3 de enero en un choque frontal ocurrido sobre la Autovía 6, a la altura de Open Door. El auto en el que viajaba junto a su familia fue embestido por otro vehículo que se cruzó de carril a alta velocidad. Al volante iba el oficial de la Policía Federal Maximiliano Gastón Montepeloso, quien, según la investigación, participaba de una picada.
Posteriormente se confirmó que el policía tenía 0,48 gramos de alcohol en sangre, en una provincia donde rige la normativa de Tolerancia Cero. Vanesa murió en el acto, mientras que su esposo, Marcelo Emmi, y su hija de 13 años quedaron atrapados en el vehículo y debieron ser rescatados por los Bomberos.
La movilización comenzó cerca del mediodía en la Plaza Colón y contó con una importante presencia de vecinos llegados desde General Rodríguez. La columna fue encabezada por el padre y el esposo de la víctima, quienes portaron una bandera con el pedido de justicia. A lo largo del recorrido, el reclamo fue claro y contundente: que el acusado sea detenido y enfrente el proceso judicial tras las rejas.
“Esto no fue un accidente, fue un asesinato vial cometido por un policía alcoholizado y corriendo picadas”, afirmó Marcelo Escalante, padre de Vanesa. En la misma línea, su esposo reclamó al juez interviniente que revea la situación procesal del acusado. “No puede ser que esté libre después de lo que hizo. Me quitó la esperanza”, expresó, al reiterar que Montepeloso conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol.
El caso volvió a encender el debate sobre la violencia vial, las picadas ilegales y la responsabilidad de quienes, incluso perteneciendo a fuerzas de seguridad, incumplen la ley y provocan tragedias irreparables.



