La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, comenzará a implementar a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias como respuesta al aumento de hechos delictivos.
La medida fue avalada por la Justicia y prevé la colocación de portones en determinados barrios, una decisión que no registra antecedentes similares en el territorio cordobés.
El plan fue validado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró la iniciativa “razonable y proporcional” en el marco de la seguridad pública. El intendente Pablo Cornet defendió la medida al señalar que el 60% de los robos en la ciudad ocurren durante la noche y aseguró que se trata de una solución “práctica y excepcional”, no de una definición ideológica. El jefe comunal recordó además que él mismo fue víctima de un asalto en su vivienda semanas atrás.
El esquema inicial contempla la instalación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con restricciones de circulación entre las 22 y las 6, bajo custodia de personal municipal. El programa se complementa con la colocación de 300 cámaras de seguridad y el refuerzo del patrullaje con ocho nuevos móviles, con el objetivo de generar corredores seguros.
Pese al aval judicial, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos. Sectores de la oposición y grupos de vecinos presentaron amparos colectivos al considerar que el cierre de calles vulnera derechos como la libre circulación y la igualdad ante la ley. La concejal Marta Banegas advirtió que se trata de “políticas de segregación” y no de soluciones de fondo al problema de la inseguridad. Los demandantes ya anticiparon que apelarán el fallo, por lo que la continuidad definitiva del sistema de portones quedará sujeta a una nueva instancia judicial.
