3 junio 2026

Escándalo sexual en la Legislatura bonaerense con una presunta secta

Un grave escándalo sexual sacude por estas horas a la Legislatura bonaerense, luego de que la Justicia ordenara la detención de dos empleados acusados de integrar y liderar una presunta organización de características sectarias que habría operado durante casi una década para captar, someter y abusar de varias víctimas.

 

La causa se encuentra en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata, y las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 4, al considerar acreditada la reiteración de los hechos, la pluralidad de víctimas y el riesgo procesal de los imputados.

Según la investigación, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años habría sido contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. El encuentro, realizado en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual. En 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada a un departamento en La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas.

A partir de ese período, la fiscalía sostiene que los hechos dejaron de ser aislados y comenzaron a responder a una estructura organizada. Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación de Silva Muñoz, señalada como una pieza clave en la captación y sometimiento psicológico de las víctimas.

Durante 2017, el expediente incorpora la conformación de la denominada “Orden de la Luz”, una presunta organización con funcionamiento cerrado, jerárquico y coercitivo. De acuerdo a los testimonios incorporados en la causa, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos divinos o sobrenaturales bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”.

Las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes, amenazas y mensajes intimidatorios enviados por correos electrónicos y otros canales digitales. La investigación da cuenta del uso de un lenguaje codificado, con claves internas y referencias simbólicas que, para la fiscalía, evidencian una organización planificada destinada a anular la voluntad y generar dependencia emocional.

Otro de los ejes centrales de la causa es el uso de espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de captación. Según la hipótesis fiscal, las jóvenes eran contactadas a partir de tareas militantes, con ofertas de formación política, contención y posibles oportunidades laborales dentro del Estado.

En algunos casos, esas promesas se habrían concretado con ingresos a trabajar en el Senado bonaerense u otras reparticiones públicas, aunque bajo la exigencia de entregar parte del salario con el argumento de “sostener la militancia”. Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio legislativo.

Desde 2018 en adelante, la investigación describe una profundización del control, con prácticas coercitivas, episodios de violencia física y la continuidad de los abusos sexuales, algunos de los cuales se habrían extendido hasta 2022 y 2023. Recién en ese tramo final varias víctimas lograron romper el cerco de intimidación y avanzar con las denuncias formales.

Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre por la noche y se negaron a declarar ante la Justicia, haciendo uso de su derecho constitucional. En paralelo, se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y soportes digitales considerados clave para el avance de la investigación.

El expediente reúne hasta el momento al menos cinco víctimas, aunque no todas continuaron el proceso judicial por temor o por las complejas derivaciones del caso. Sus identidades se mantienen bajo estricta reserva. Para la fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener que se trata de una trama sostenida en el tiempo, con roles diferenciados, utilización de estructuras estatales y una lógica de sometimiento propia de una organización sectaria.