Una testigo clave reveló que en el laboratorio Ramallo estaban al tanto de la contaminación bacteriológica en las ampollas de fentanilo, pero aun así continuaron produciendo para no frenar las ventas. La causa ya investiga 173 muertes vinculadas al opioide adulterado.
La declaración, presentada ante el juez Ernesto Kreplak, expuso que en la planta —propiedad del empresario Ariel García Furfaro— se aceleraban procesos y se falsificaban resultados para evitar detener la producción. Según la testigo, todo “se ordenaba desde arriba”, señalando directamente a los accionistas.
Otro dato grave surgió respecto de las inspecciones de la ANMAT: días antes de los operativos, desaparecían los cuadernos donde se registraban los resultados microbiológicos positivos.
A principios de noviembre, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el fentanilo contaminado fue el factor determinante en 38 de 40 muertes analizadas recientemente. En los dos casos restantes, no se pudo establecer un vínculo directo.
En el marco de la investigación, ya se realizaron allanamientos en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se recuperaron más de 82 mil ampollas del opioide adulterado.
