El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue procesado por lavado de activos agravado por su rol como funcionario público. La decisión fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que además dispuso un embargo de $350 millones y mantuvo la inhibición general de bienes establecida meses atrás.
La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, quien fue procesado por lavado de dinero sin el agravante por función pública. En su caso, el embargo asciende a $300 millones. Según el juez, no se acreditó vínculo directo entre su cargo y las maniobras investigadas.
La causa se inició en septiembre de 2024 tras una denuncia que señalaba a D’Onofrio y a la concejal de Pilar Claudia Pombo como parte de una estructura destinada a desviar fondos del sistema de multas de tránsito. De acuerdo con el expediente, la red tenía roles jerarquizados y utilizaba prestanombres para ocultar el origen ilícito del dinero generado por fotomultas y verificaciones técnicas vehiculares.
Uno de los puntos clave del fallo fue la compra de una camioneta Audi Q8 registrada a nombre de Asensio, adquirida por un valor declarado de $30 millones aunque con un seguro valuado en más de $173 millones. La Justicia determinó que el verdadero usuario y beneficiario del vehículo era D’Onofrio, quien figuraba habilitado a conducir y pagaba el Telepase. La operación fue justificada con documentación emitida por una sociedad familiar sin actividad comprobada, lo que reforzó las sospechas de ocultamiento patrimonial.
En declaraciones ante el juez, D’Onofrio negó ser dueño del automóvil y aseguró haberlo manejado “una sola vez”. Asensio declaró haberlo comprado con fondos de la venta de un terreno. Para el magistrado, ambas versiones fueron inconsistentes y se trató de un esquema de testaferros típico de maniobras de lavado. El expediente incluye además que la camioneta fue transferida a un tercero en noviembre de 2024, el mismo día en que se resolvió la competencia del tribunal, lo que fue interpretado como un intento de entorpecer la trazabilidad del patrimonio.
D’Onofrio había renunciado a su cargo el 30 de diciembre, alegando motivos personales, en medio de dos causas por presunta corrupción vinculadas al sistema de fotomultas y la VTV. Con el nuevo procesamiento, su situación judicial se agrava y lo coloca en el centro de uno de los escándalos de gestión más resonantes de la provincia.
