El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones destinadas a simplificar y flexibilizar los requisitos para los servicios de transporte automotor de pasajeros. La medida fue dispuesta mediante la resolución 73, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa establece una reducción de trámites administrativos y amplía las posibilidades de inscripción para los transportistas de jurisdicción nacional, afectando tanto a empresas como a personas humanas que operan dentro de este sector. Entre los cambios principales figura la eliminación de exigencias previas para inscribirse en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.
De acuerdo con lo dispuesto, los transportistas que se encuentren inscriptos en el Registro quedan autorizados a realizar servicios ocasionales internacionales en circuito cerrado, en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) y de los convenios suscriptos entre los países participantes.
La resolución también habilita la inscripción de personas jurídicas con flotas superiores a cinco vehículos y de personas humanas que acrediten al menos el 50% de titularidad o leasing de una unidad. En paralelo, se simplificaron los acuerdos entre empresas para el uso compartido de personal, que ya no requerirán homologación externa, aunque sí implicarán la responsabilidad del transportista en el cumplimiento de las normas laborales vigentes.
Otro aspecto relevante tiene que ver con los vehículos autorizados. Se habilita el uso de unidades de categorías N1, N2 y N3, como 4x4 y 6x4 adaptados para zonas rurales o caminos de montaña, siempre y cuando cuenten con las medidas de seguridad exigidas y la correspondiente homologación. También se permite el uso de vehículos con propulsión diésel, GNC, GLP, híbrida, eléctrica o nuevas tecnologías aprobadas por la autoridad competente.
La resolución introduce además cambios en los llamados servicios de oferta libre, al reducir los requisitos declarativos y facilitar la operación de servicios eventuales o a demanda, con menos exigencias administrativas.
Según se indicó oficialmente, estas modificaciones apuntan a reforzar los principios de flexibilidad, desregulación y apertura del sistema de transporte automotor, con el objetivo de mejorar las condiciones de inscripción, ampliar las opciones de operación y adaptar los vehículos a las distintas necesidades y realidades geográficas del país.
