El Gobierno Nacional decidió suspender la ejecución de la Ley de Emergencia Pediátrica, alegando que la normativa no establecía la fuente de financiamiento y que aplicarla comprometería el superávit fiscal.
La ley, promulgada en mayo y ratificada en agosto, contemplaba asignación inmediata de fondos a hospitales pediátricos y recomposición salarial del personal, incluidos los residentes.
A pesar de la suspensión, el Ejecutivo autorizó un aumento en el presupuesto destinado a hospitales y centros de alta complejidad, con foco en pediatría. La medida se oficializó mediante la decisión administrativa 29/2025 y busca atender, dentro de las disponibilidades actuales, las necesidades previstas por el Congreso.
Entre los beneficiados se encuentran el Hospital Garrahan, El Cruce, El Calafate, Favaloro, Néstor Kirchner y otros hospitales nacionales y especializados, así como organismos descentralizados de salud mental, rehabilitación y adicciones. El refuerzo presupuestario cubrirá gastos operativos, sueldos y recursos críticos, sin afectar otras áreas del presupuesto nacional.
El Gobierno estimó que aplicar la ley completa tendría un costo fiscal de $196.270 millones, cifra que superaría ampliamente la capacidad actual del Ministerio de Salud, con déficit de $102.400 millones. Reasignar fondos de esa magnitud implicaría recortes significativos en subsidios de medicamentos, tecnología sanitaria y prevención de VIH-Sida, situación que había generado protestas del sector hospitalario.
