El presidente de la Autoridad del Agua (ADA) reconoció la problemática en la reunión desarrollada en 9 de Julio, pero advirtió que la cantidad de lluvia fue "extraordinaria".
El presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, ofreció una entrevista exclusiva al medio colega "Bragado Informa" y a Radio Fiesta, en la que abordó la crítica situación hídrica que atraviesa la región y destacó la importancia de avanzar con el proyecto de obras hidráulicas denominado Nodo Bragado, incluido en el Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires.
Costamagna explicó que este proyecto resulta fundamental para mitigar las inundaciones en la cuenca del Río Salado, especialmente en la Subregión A2, donde el distrito de Bragado cumple un rol clave como punto de concentración del escurrimiento del agua proveniente de distritos aguas arriba, como 25 de Mayo, 9 de Julio y Carlos Casares.
Durante la reciente reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado A2, realizada en 9 de Julio, el funcionario provincial solicitó el acompañamiento de legisladores de todas las fuerzas políticas para garantizar el financiamiento de las obras.
Entre las obras contempladas en el Nodo Bragado se incluyen la ampliación del arroyo Saladillo, el dragado de la laguna del Parque y su conexión con la red pluvial municipal, la adecuación y ampliación del canal de vinculación —que aumentará su capacidad de conducción a 250 metros cúbicos por segundo— y la construcción de defensas y nuevos puentes ferroviarios y viales.
El objetivo central es optimizar el manejo del agua y proteger tanto el casco urbano como las áreas productivas del vecino distrito.
Costamagna también se refirió a la existencia de canales clandestinos construidos por productores agropecuarios sin autorización de la Autoridad del Agua, señalando que estas acciones, aunque buscan desagotar campos particulares, provocan un serio desequilibrio en el sistema hídrico y agravan las inundaciones en zonas vecinas y aguas abajo.
Finalmente, destacó que el municipio de Bragado firmó un convenio con la provincia que le otorga mayor poder de control y permite actuar de manera más rápida en la detección y sanción de estas canalizaciones ilegales, trabajando en conjunto con la ADA para garantizar un ordenamiento hídrico sustentable.
