El Ministerio de Seguridad de la Nación implementó un nuevo Sistema de Protección Administrativa destinado a resguardar a policías y agentes de las fuerzas federales que denuncien delitos internos, como corrupción o violencia institucional.
La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 831/2025, busca fomentar las denuncias y garantizar que quienes las realicen no sufran represalias administrativas o profesionales.
El sistema alcanza a personal de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, y contempla un amplio abanico de actos considerados retaliatorios: desde agresiones físicas o verbales, hasta traslados arbitrarios, sanciones infundadas o ambientes laborales hostiles. Aunque no incluye protección física, sí obliga a suspender cualquier acción disciplinaria contra el denunciante sin autorización ministerial.
La inclusión en el registro no admite denuncias anónimas y será evaluada por la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia. Se contempla una admisión provisional por 30 días en casos de temor fundado a represalias. También se prevén causales de exclusión, como la presentación de denuncias falsas o el incumplimiento de deberes.
El ingreso al sistema deberá ser notificado a la máxima autoridad de la fuerza correspondiente, quien estará obligada a frenar cualquier medida contra el denunciante. Asimismo, se prohíbe interrogar a testigos o denunciantes sobre sus declaraciones ante el Ministerio, y se establecen sanciones para quienes manipulen testimonios con fines personales o maliciosos.
