Luego de una resolución, las distribuidoras de gas están obligadas a enviarte la boleta en papel. Esta medida protege a los más vulnerables.
Tras analizar los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios de servicios públicos, Enargas identificó un abuso recurrente: la imposición de la facturación electrónica sin consentimiento. Como resultado, emitió la Resolución 17/2025 que ordena que las distribuidoras de gas deben priorizar el envío de facturas en papel como medio principal, permitiendo el formato digital solo si el usuario lo acepte expresamente y dejando constancia de esa aceptación para evitar sanciones. Esta misma normativa rige por la Ley de Defensa del Consumidor en los servicios de Electricidad y Agua, te dejo al final un modelo para que reclames.
Una medida para proteger a los más vulnerables
La Resolución 17/2025 y su Anexo I establecen que las empresas de servicios públicos están obligadas a garantizar el envío de facturas físicas por correo postal. Esta disposición busca terminar con la práctica de imponer la facturación electrónica sin consentimiento, una modalidad que afecta especialmente a:
Lo que exige la normativa
La obligación de entregar facturas en formato papel en el domicilio del usuario no es una novedad. Ya estaba contemplada para todos los servicios públicos en los artículos 4, 29, 37 y concordantes de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Estas disposiciones garantizan que los usuarios reciban información clara, veraz y accesible. La Resolución 17/2025 refuerza esta obligación al exigir que las empresas prioricen la facturación en papel como estándar y solo implementen el formato digital con el consentimiento expreso del usuario.
La normativa establece claramente:
Facturación en papel como estándar: las empresas deben enviar las facturas físicas a todos los usuarios, salvo que estos opten de forma voluntaria por la modalidad electrónica.
Consentimiento expreso y trazabilidad: las distribuidoras deben guardar constancia de que el usuario eligió la facturación electrónica y asegurarse de que este cambio pueda revertirse en cualquier momento.
Sanciones por incumplimiento: las empresas que no cumplan con estas disposiciones enfrentarán sanciones administrativas y legales.
Estas medidas no solo buscan proteger a los consumidores, sino también garantizar la transparencia y el acceso igualitario a la información.
