En medio de un nuevo verano marcado por accidentes y episodios de conducción peligrosa en las playas bonaerenses, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anunció que impulsará un proyecto para modificar la Ley de Tránsito con el objetivo de aplicar sanciones más severas a quienes manejen de manera imprudente en zonas costeras.
La iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados de la Nación y apunta especialmente a penalizar los hábitos temerarios de conducción en playas y dunas, espacios recreativos donde circulan familias, niños y turistas, y que año tras año se convierten en escenarios de accidentes graves e incluso fatales.
El reclamo no es nuevo. Desde hace tiempo, distintos municipios advierten sobre un vacío legal, ya que la Ley de Seguridad Vial provincial 13.927/09 no contempla de manera específica la circulación vehicular en playas. Ante esa ausencia normativa, son los gobiernos locales los que intentan regular la situación mediante ordenanzas, con resultados desiguales.
En ese marco, Villa Gesell prohibió el acceso vehicular a la playa desde el centro hasta Mar Azul; Tres Arroyos hizo lo propio en sectores de Claromecó; Monte Hermoso restringió el estacionamiento sobre la arena; y Coronel Rosales limitó la circulación en zonas de Pehuen Co. Sin embargo, en áreas como “La Frontera”, al norte de Pinamar, los accidentes con cuatriciclos se repiten cada temporada, con consecuencias muchas veces trágicas.
“Necesitamos avanzar en una propuesta que contemple la realidad de los distritos turísticos y permita contar con penas más duras y efectivas para quienes incumplen la ley”, sostuvo Barrera en declaraciones a radio AM 530. Además, remarcó la necesidad de actualizar la legislación para reforzar la seguridad vial, el cuidado del ambiente y la convivencia responsable.
Actualmente, las sanciones aplicables surgen de la ley de tránsito provincial, con multas que van desde 180 mil hasta 1,8 millones de pesos, según la infracción, como circular sin VTV, sin casco o con licencia vencida. No obstante, no existe un régimen sancionatorio específico para la conducción en playas, cuya administración queda en manos de los municipios, que además explotan esos espacios a través de concesiones de balnearios.
La propuesta busca cerrar ese vacío legal y dar una respuesta concreta a una problemática que se repite cada verano, con el objetivo de reducir accidentes y reforzar el control en zonas de alto riesgo.
