Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa los días más turbulentos de su gestión al frente de la AFA, en medio de una doble crisis que combina una denuncia millonaria por lavado de dinero y la revelación de que la entidad intentó sancionar a un club con un documento adulterado.
La Dirección General Impositiva denunció ante la Justicia a la financiera Sur Finanzas SA, firma vinculada a Tapia y patrocinadora de Barracas Central y la Liga Profesional, por una presunta evasión del impuesto al cheque y una operatoria de lavado que habría movido cerca de $818.000 millones.
Según informes de la DGI, las transacciones se realizaron a través de la billetera virtual de la empresa por parte de personas sin actividad económica declarada o monotributistas de categorías mínimas, lo que encendió sospechas sobre el origen del dinero. El organismo estimó una evasión superior a los $3.300 millones.
La exposición pública de Maximiliano Ariel Vallejo, vicepresidente de Sur Finanzas y figura cercana a Tapia, profundizó el escándalo y puso bajo la lupa los vínculos entre la estructura económica y el poder deportivo.
A este cuadro se suma el llamado “PDFgate”: el Tribunal Oral Federal 7 verificó que el boletín utilizado para sancionar a Estudiantes de La Plata por el “pasillo de espaldas” ante Rosario Central fue creado y modificado el domingo 23 de noviembre, horas después del partido, pese a que el documento llevaba fecha de febrero de 2025.
La presunta falsificación abrió una posible causa por fraude y dejó a la AFA con un frente judicial que podría escalar si los jugadores involucrados llegan a ser suspendidos. El equipo legal de Estudiantes ya analiza avanzar en tribunales.
Con una denuncia fiscal multimillonaria y un documento oficial bajo sospecha, Tapia enfrenta el momento más crítico desde que asumió la conducción del fútbol argentino.
