El fiscal modificó la acusación contra la joven santiagueña Valentina Olguín, quien ahora enfrenta cargos por “contrabando simulado en concurso real”, una figura más grave que la imputación inicial.
La situación judicial de la influencer santiagueña Valentina Olguín —acusada de utilizar los CUIT de cinco gobernadores, entre ellos el del bonaerense Axel Kicillof— se complicó en las últimas horas luego de que el fiscal Agustín Chit resolviera agravar la imputación, que ahora es por “contrabando simulado en concurso real”.
La nueva figura contempla una pena más severa que la inicial, que era de “contrabando por simulación”.
Según informó el medio Los Andes, la joven deberá presentarse el próximo martes 4 de noviembre ante la Justicia, junto a su defensa, para responder a esta nueva calificación legal.
Una maniobra con datos de gobernadores
El caso se originó en octubre de 2024, cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior.
La investigación permitió establecer que las operaciones habían sido efectuadas por Valentina Olguín, quien utilizó los datos fiscales de Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además del propio Jaldo.
El mecanismo era simple: el régimen courier permite hasta cinco envíos anuales por persona, por un valor máximo de 3.000 dólares. Al haber agotado su cupo y el de sus allegados, Olguín recurrió a los datos de terceros.
Según la hipótesis judicial, elegía a gobernadores provinciales porque se presumía que la correspondencia a su nombre tendría menos probabilidades de ser retenida por Aduana.
Procesamiento y autocrítica
En mayo de este año, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, la procesó sin prisión preventiva por fraude al fisco en una suma superior a 1.200 dólares.
Durante su declaración indagatoria, Olguín reconoció haber utilizado datos de terceros obtenidos “al azar” en Internet para evadir los límites del régimen aduanero, y calificó su accionar como “una decisión inmadura e irresponsable”.
