Escribe: Daniel Escobedo
La reciente tragedia de Villa Crespo, donde una mujer asesinó a su esposo y a sus dos hijos antes de quitarse la vida, nos sacude no solo por su brutalidad, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una pregunta urgente y dolorosa: ¿qué estamos haciendo —y qué no— frente a los padecimientos mentales severos?
En este caso, como en tantos otros que no llegan a los medios, hubo señales. Hubo tratamientos. Hubo intentos de ayuda. Pero también hubo una trampa legal y social que se repite: la imposibilidad de actuar a tiempo cuando una persona claramente necesita ser contenida, aunque no lo autorice. Y ahí es donde entra en juego la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010.
La ley fue un avance. Puso el foco en los derechos de los pacientes, promovió la desmanicomialización y estableció que la internación debía ser el último recurso. El espíritu es claro: nadie debería ser encerrado arbitrariamente ni tratado como un objeto peligroso. Pero en la práctica, se ha vuelto un obstáculo para proteger a personas en situaciones críticas, cuando pierden noción de sí mismas y se niegan a recibir ayuda.
Hoy, para internar a alguien contra su voluntad, se necesita cumplir con una serie de requisitos legales y burocráticos complejos. A veces, ni siquiera la familia más cercana logra sortear esos filtros. El resultado: pacientes que deambulan por hospitales que no brindan tratamiento, familias desesperadas y, en algunos casos, tragedias anunciadas que nadie quiso escribir, pero que todos ayudamos a redactar con nuestra indiferencia.
En Nueve de Julio se repiten las internaciones momentáneas de varias personas en estado de calle, tras cometer actos reñidos con la moral, como desnudarse en la vía pública, o violentos como agredir en estado de ebriedad a personas en la vía pública, o cometer destrozos contra la propiedad privada, por nombrar algunos. Recalan por algunas horas o días en el Hospital Julio de Vedia, donde solo se los mantiene sedados por algunas horas, para volver a la calle en las mismas condiciones de salud, que ingresaron.
No se trata de criminalizar la locura ni de romantizar el encierro. Se trata de reconocer que hay momentos en los que el Estado debe intervenir con humanidad, pero también con firmeza. Y para eso se necesitan recursos, redes, dispositivos comunitarios reales, pero también un marco legal que permita actuar cuando la urgencia lo exige.
La salud mental no puede seguir siendo el último renglón del sistema. Porque cuando una persona en crisis no puede —o no quiere— pedir ayuda, el abandono legal también es una forma de violencia. Y el precio, como vimos en Villa Crespo, puede ser devastador.
