En el marco de una investigación llevada adelante por Fiscal Lucas Moyano, por defraudación informática, la UFIJ Nª 22 de Azul logró realizar una importante incautación de criptoactivos.
En el marco de una investigación por defraudación informática, la UFIJ Nª 22 de Azul logró realizar una importante incautación de criptoactivos en el departamento judicial de Azul.
La investigación se inició con motivo de una denuncia radicada Tandil, en julio de 2023, donde autores ignorados, mediante técnicas de manipulación informática, lograron apoderarse de las credenciales personales de acceso al Home Banking de la víctima, para luego apoderarse de la totalidad del dinero existente en sus cuentas bancarias, aproximadamente de un millón ochocientos mil pesos.
De acuerdo a La Voz de Tandil, esos fondos sustraídos fueron transferidos a distintas billeteras virtuales que se encontraban bajo el control de la organización delictiva. Posteriormente, con dicho dinero, se adquirieron criptomonedas-tokens USDT- con la intención de ocultar el verdadero origen de los fondos.
"Luego de una ardua tarea de investigación por parte de la Fiscalía y del Instructor Contador Roberto Terrile, mediante la utilización de herramientas de rastreo de criptoativos (exploradores de la blockchain), se realizó una precisa trazabilidad de los tokens adquiridos por la organización delictiva, logrando identificar a las distintas wallets (centralizadas y de autocustodia) con la que operaba la misma, justificando ello la necesidad de solicitar el "congelamiento" de los activos virtuales que se encontraban en una de las billeteras virtuales, cuya titularidad pertenecía a uno de los miembros de la banda delictiva", explico dicho medio tandilense.
Cabe aclarar que la medida fue requerida por el Fiscal Lucas Moyano, y autorizada por el Juzgado de Garantías Nª 1 de Tandil. Dr. J. J. Suárez.
Por último, se solicitó la incautación de las criptomonedas y el traspaso de dichos activos virtuales a una wallet de autocustodia, controlada por personal de la Procuración del MPBA y de la fiscalía interviniente, hasta su efectiva transferencia a una billetera de la víctima; procedimiento que fue autorizado por el Juez Suárez.
