Las declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Social de Tandil desencadenaron el debate sobre el aumento de la pobreza y la situación de vulnerabilidad que viven miles de ciudadanos. Las organizaciones sociales salieron a responderle con números concretos de cómo pega la crisis a los más pobres.
Lunes, 9 de julio de 2018
La Secretaría de Desarrollo Social de Tandil, Alejandra Marcieri, quiso desmentir las declaraciones del cura local sobre el crecimiento de la pobreza en la ciudad y a modo de chicana, mandó a “confesar” al padre Marcos Picaroni.
Según sus informes, hay 10 mil chicos que acuden a las escuelas para poder comer, 5 mil familias que no tienen trabajo formal y otras 3.500 en pobreza extrema.
“Es indiscutible, inobjetable y totalmente objetivo, que las medidas que fue tomando el Gobierno nacional acrecentaron la inflación de los alimentos, que es donde gastan el 90 por ciento de sus ingresos los sectores populares, y las tarifas, y por ende la contracción económica y la caída de las changas, porque estamos hablando de trabajadores informales”, analizó Nicolás Carrillo, del Movimiento Evita.
A su vez, agregó que “eso no tiene porqué irritar, molestar, enojar a los funcionarios municipales, porque no son responsables absolutos de esa situación de pobreza estructural que se vive en Tandil y se arrastra de mucho tiempo”.
La funcionaria quedó en el ojo de la polémica por el evidente aumento de la pobreza en la región y particularmente en Tandil, en donde organizaciones sociales y de la denominada “Economía Popular” se encargan de abrir comedores y contener la demanda de alimentos y otras necesidades de los más afectados.
“La demanda es creciente no solo por el invierno sino porque la política económica es un desastre y se está licuando el bolsillo de la gente. Hoy con dos trabajos en una familia, no llega a fin de mes. Entonces, en esa situación los barrios están súper complicados y las carencias son muchas, y si bien hay elementos de pobreza estructural argentina, la situación ha hecho empeorar el bolsillo concreto y cotidiano. Esa es la realidad, más allá del debate de si hay o no gente desamparada”, expresó para El Eco, Juan Arrizabalaga, referente de Patria Grande.
Según la información con la que cuentan estas organizaciones, en Tandil hay 5 mil familias que no tienen trabajo registrado y otras 3.500 que reciben una ayuda alimentaria debido a una situación de vulnerabilidad extrema.
A su vez, consideran que a través de la Ley de Emergencia Social, hay al menos mil personas que cobran un salario social de cinco mil pesos por mes, “una inyección de 50 millones de pesos anuales al Municipio de Tandil, que es muy importante y ayuda a mitigar este ajuste”.
El Eco de Tandil
