13 junio 2021

Polémica: NO MAS FACTURAS BAJO LA PUERTA

Un decreto avala que boletas y resúmenes empiecen a llegar sólo por correo electrónico, sin un consentimiento previo. Para seguir en papel, hay que pedirlo. Usuarios lo cuestionan.

Sábado, 17 de marzo de 2018

Llegar al hogar y encontrar varios sobres en el buzón, o por debajo de la puerta, con resúmenes y cuentas para pagar, puede llegar pronto a su fin.  La escena aún forma parte de la vida cotidiana en la Argentina, pero podría quedar en el olvido antes de lo pensado. No sólo porque cada vez más gente prefiere recibir esos documentos en la PC o el celular. También porque el Gobierno permitió a las empresas dejar de enviar la información en papel, incluso a los clientes que no hayan pedido migrar a la modalidad digital ni aceptado una propuesta al respecto.

Año a año, los envíos electrónicos venían ganando terreno sobre los analógicos. Tanto que hoy ya hay grandes bancos y empresas de servicios donde 70 a 90% de los clientes ya no reciben ni un solo sobre.

Como otro síntoma, los servicios postales están llevando muchas menos cartas. Según el Ente Nacional de Comunicaciones, si en 2012 se enviaron 682,7 millones de facturas, en 2016 eso bajó a 519,8 millones: 1 de cada 4 sobres ya no se envía. Y en los primeros 9 meses de 2017 -el dato más reciente- hubo otra caída del 4%.

Esta transición se producía, al menos supuestamente, de forma voluntaria. Las empresas se lanzaron a ofrecer el envío digital y muchos usuarios lo aceptaron, por considerar el soporte electrónico como más rápido, práctico y confidencial, además de ecológico.

De otro modo habría sido ilícito cualquier cambio, porque el artículo 4 de la ley 24.240, tras una reforma introducida en 2016, establecía que las empresas debían dar la información en "en soporte físico". Y que la carta sólo podía suplantarse "si el consumidor o usuario optase de forma expresa" por usar otro medio.

Ese fue el principio que el Gobierno este año invirtió, como parte del controvertido "megadecreto" 27/2018. Según esa norma, ahora los datos podrán enviarse "en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico". "En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico", ordena. El recaudo que deben tomar las entidades, según exigió el Banco Central, es "notificar al cliente" con 60 días de anticipación sobre el cambio que hará.

 

"La medida garantiza el derecho de los consumidores a ser informados gratuitamente, pero con un criterio más moderno, que aporta a cuidar el medio ambiente y mantiene disponible la opción del papel para quien la prefiera", justifica Fernando Blanco Muiño, el director nacional de Defensa del Consumidor.

Entidades de usuarios, sin embargo, son críticas. "Esto ya está trastornando a personas mayores y de pocos recursos con acceso limitado a Internet. Les imponen el cambio, a veces sin avisar. Las facturas se vencen y se ven obligados a hacer un trámite más, que no es fácil. En las oficinas a veces no toman estos pedidos. Y por teléfono, hay que esperar horas para ser atendido", cuestiona Sandra González, presidenta de Adecua. "¿Por qué cargarle eso al consumidor? ¿Qué costo nos bajan las empresas a los usuarios al ahorrarse el envío por carta?", pregunta.

Claudia Collado, presidenta de Adelco, coincide: "Es un gran error dejar que la empresa elija qué soporte usar. Debe decidir el consumidor. Si no, podría vulnerarse el derecho a la libertad de elección y el de trato digno y equitativo, entre otros".