La Justicia investiga las causas del vuelco del micro de la empresa Vía TAC ocurrido en la madrugada del viernes sobre la Ruta Nacional Nº7, a la altura de Carmen de Areco. La unidad cayó desde un puente sobre el arroyo La Guardia y dejó, hasta el momento, 19 personas heridas entre los 20 ocupantes, incluyendo una mujer que quedó atrapada y un bebé.
Si se determina que hubo una conducción imprudente o negligente, el chofer podría ser imputado por lesiones culposas graves o gravísimas en accidente de tránsito, contempladas en el artículo 94 bis del Código Penal. En esos casos, la pena prevista puede ir de uno a tres años de prisión, además de una inhabilitación para conducir de entre dos y cuatro años.
El hecho de que haya múltiples personas heridas podría influir en la escala penal. La normativa establece agravantes cuando existe más de una víctima, pudiendo elevar las consecuencias para el responsable si se comprueba una conducta riesgosa al volante.
La investigación también analiza un testimonio que señala que uno de los choferes habría abierto una puerta del micro y saltado antes del impacto, para luego no ser encontrado tras el vuelco. Si esa situación se confirma, podría convertirse en un elemento agravante dentro de la causa.
