La disputa entre el Gobierno nacional y varios municipios por el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos sumó un nuevo capítulo. La Procuración General de la Nación emitió un dictamen favorable a la postura del Ejecutivo y consideró que la Nación puede impedir que las comunas incluyan tributos locales en las boletas de luz, gas y otros servicios.
El pronunciamiento fue firmado por el procurador general interino, Eduardo Casal, quien recomendó a la Corte Suprema rechazar las demandas presentadas por los municipios de Río Grande y José C. Paz, que habían cuestionado la medida impulsada por el Gobierno nacional.
El eje de la discusión es la Resolución 267/2024, que establece que las facturas de servicios públicos solo deben incluir el costo del servicio contratado. Es decir, una boleta de luz debe reflejar únicamente el consumo de electricidad y no otros conceptos, como tasas municipales o contribuciones locales.
Según el dictamen de la Procuración, esta decisión no afecta la autonomía de los municipios, ya que las comunas siguen teniendo la posibilidad de cobrar esas tasas, pero deberán hacerlo mediante otros mecanismos y no a través de las facturas de las empresas prestatarias.
La controversia comenzó en 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios los impuestos y tasas municipales que muchas ciudades cobraban junto con esos comprobantes. Varios municipios recurrieron a la Justicia y algunos obtuvieron fallos favorables. Incluso, la Justicia Federal de San Nicolás declaró inconstitucional esa resolución.
En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza presentaron proyectos en más de un centenar de concejos deliberantes bonaerenses para reducir o eliminar tasas municipales. La iniciativa fue cuestionada por el gobernador Axel Kicillof, quien sostuvo que el peso de esas tasas representa una porción muy pequeña del costo total de los servicios y de la economía en general.
Ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendrá la última palabra y deberá definir si el Gobierno nacional puede impedir definitivamente que los municipios incluyan sus tasas en las boletas de los servicios públicos.
