El enorme pozo que se abrió días atrás sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del acceso a La Niña, y que provocó daños en varios vehículos, generó las primeras repercusiones políticas.
Como era de esperar, las críticas apuntaron rápidamente al Gobierno Nacional por el evidente deterioro y la falta de mantenimiento que sufren numerosas rutas nacionales en distintos puntos del país.
Y razones no faltan. La paralización de obras, la reducción de inversiones y la ausencia de respuestas concretas en materia vial son una realidad que los usuarios de las rutas experimentan a diario. Lo ocurrido en el kilómetro 281 es una muestra más de una problemática que lleva años acumulándose y que hoy exhibe consecuencias cada vez más peligrosas.
Sin embargo, reducir el debate únicamente a la responsabilidad de la Nación sería quedarse a mitad de camino.
En el distrito de Nueve de Julio existe otro ejemplo preocupante: la Ruta Provincial 50. Desde hace tiempo, quienes la transitan denuncian la presencia de pozos, deformaciones y sectores de marcado deterioro que representan un riesgo permanente para conductores, transportistas y familias enteras.
En este caso, la responsabilidad recae sobre el Gobierno bonaerense, que tampoco ha brindado soluciones definitivas ni respuestas acordes a la gravedad de la situación.
Por eso, cuando aparecen estos episodios, resulta necesario evitar la tentación de hacer política con los problemas y comenzar a ocuparse de ellos.
Las rutas no distinguen colores partidarios. Un pozo no pregunta a quién votó el conductor antes de provocar un accidente. Las consecuencias pueden ser las mismas para cualquier vecino.
La discusión debería centrarse en las soluciones y no en la búsqueda de culpables circunstanciales. La Nación debe hacerse cargo de las rutas nacionales y la Provincia de las provinciales. Pero también los municipios tienen un rol fundamental: gestionar, reclamar, insistir y mantener el tema en agenda de manera permanente. No alcanza con manifestar preocupación después de cada incidente. La defensa de los vecinos exige gestiones constantes y firmes ante los organismos correspondientes.
Porque detrás de cada bache, de cada alcantarilla colapsada y de cada tramo abandonado, no hay solamente una cuestión de infraestructura. Hay personas. Hay trabajadores que viajan todos los días, estudiantes, productores, familias y transportistas que ponen en riesgo su integridad cada vez que salen a la ruta.
Cuando las rutas se convierten en una amenaza, la discusión deja de ser política. Pasa a ser una cuestión de responsabilidad y de protección de la vida humana. Y en ese aspecto, ninguna administración puede mirar para otro lado.
