La decisión que se analiza en Chivilcoy de avanzar con multas más severas, secuestro de vehículos y sanciones económicas de fuerte impacto para quienes circulen en motos en manada o protagonicen maniobras peligrosas reabrió un debate que también atraviesa a Nueve de Julio desde hace varios años.

Los reclamos por ruidos molestos, escapes adulterados, picadas, "tira cortes" y grupos de motociclistas que circulan de manera temeraria forman parte de una problemática que se repite en numerosas ciudades del país y que, pese a distintos intentos de control, continúa generando preocupación entre vecinos y autoridades.
En Nueve de Julio, la situación ha sido motivo de reiteradas quejas vecinales. Durante los últimos meses, distintos informes periodísticos reflejaron el malestar de los habitantes por la presencia de motociclistas que realizan maniobras peligrosas y provocan explosiones sonoras con escapes modificados durante la noche y la madrugada. Incluso, desde sectores vecinales se ha advertido sobre el riesgo que estas conductas representan para terceros y para los propios conductores.
La problemática no es nueva. En los últimos años se han realizado numerosos operativos que derivaron en secuestros de motos por picadas, conducción temeraria y utilización de escapes adulterados. También se avanzó en la destrucción de caños de escape modificados con el objetivo de reducir los ruidos molestos que afectan la convivencia urbana.
A fines de 2025, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó además una ordenanza específica para combatir las denominadas "hordas de motos", incorporando nuevas herramientas sancionatorias y agravantes para quienes circulen en grupo generando situaciones de riesgo. Sin embargo, pese a la vigencia de la normativa y a los controles realizados, los reclamos de los vecinos continuaron durante este año, lo que demuestra que el problema sigue vigente y lejos de una solución definitiva.
En este contexto, la iniciativa que hoy se debate en Chivilcoy aparece como una experiencia que merece ser observada. La propuesta apunta a elevar significativamente las multas, fortalecer los mecanismos de secuestro de vehículos y generar consecuencias económicas capaces de desalentar conductas reincidentes.
Más allá de las diferencias entre municipios, la discusión de fondo es la misma: cómo lograr que las sanciones sean realmente efectivas frente a infracciones que afectan la seguridad vial, el descanso de los vecinos y la convivencia comunitaria.
La experiencia demuestra que los controles aislados suelen tener resultados temporales. Por eso, cada vez más ciudades avanzan hacia esquemas normativos más rigurosos, con sanciones progresivas, responsabilidades compartidas entre conductores y titulares de los vehículos, e incluso mecanismos complementarios como tareas comunitarias para los infractores.
Mientras Chivilcoy analiza dar ese paso, en Nueve de Julio el debate continúa abierto. Los antecedentes muestran que existe preocupación social, herramientas legales y voluntad de control.
La incógnita sigue siendo si será necesario profundizar aún más las sanciones para terminar de erradicar una problemática que se repite en buena parte del país y que, hasta ahora, ninguna ciudad ha logrado resolver por completo.



