Dos internos de la Unidad Penitenciaria N°16 de Junín fueron aprehendidos acusados de integrar una maniobra de estafas virtuales que tenía como blanco a comerciantes de la ciudad. El caso volvió a poner en discusión el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses.
La investigación fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial de Junín y comenzó tras la denuncia de un comerciante dedicado a la venta de materiales para construcción en seco.
De acuerdo con la pesquisa, la víctima recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por el presidente de una cooperativa local para realizar un importante pedido de materiales y estructuras de PVC a cuenta corriente. Horas más tarde, la mercadería fue retirada por terceros en una camioneta, situación que quedó registrada por cámaras de seguridad.
La maniobra fue descubierta cuando desde la cooperativa negaron haber realizado la compra. Además, se comprobó que otros comercios de Junín habían sido víctimas de engaños similares mediante el mismo mecanismo.
En el marco de la investigación surgió un segundo episodio. Un comerciante del rubro eléctrico recibió mensajes de WhatsApp solicitando presupuesto para proyectores LED en nombre de una empresa constructora. Tras acordar la operación, un supuesto enviado retiró la mercadería sin concretar el pago. Posteriormente, mediante la misma modalidad, fueron retirados ocho rollos de cable.
Las tareas llevadas adelante por personal de la DDI permitieron determinar que el presunto organizador de las maniobras era un interno alojado en la Unidad Penitenciaria N°16, quien coordinaba las operaciones desde el establecimiento carcelario con la colaboración de un cómplice en el exterior encargado de retirar y almacenar los productos obtenidos mediante el fraude.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos. El principal se desarrolló en el pabellón 2 de la unidad penitenciaria, donde fueron aprehendidos los dos sospechosos y se secuestraron los teléfonos celulares que habrían sido utilizados para concretar las estafas.
En tanto, un segundo procedimiento realizado en un domicilio vinculado a la causa no arrojó resultados positivos.
El caso vuelve a exponer una problemática que genera debate desde hace años: el acceso de internos a teléfonos celulares dentro de las cárceles y la utilización de esos dispositivos para cometer delitos a distancia, especialmente estafas telefónicas y virtuales que afectan a comerciantes y particulares.
