La Libertad Avanza logró este miércoles un paso clave en la Cámara de Diputados al obtener el dictamen de mayoría para el proyecto que modifica el régimen de zona fría, iniciativa que podría impactar de lleno en las tarifas de gas de más de 80 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos 9 de Julio.
El oficialismo, con respaldo de aliados legislativos, buscará ahora llevar el tema al recinto el próximo miércoles 20 de mayo, en una sesión que también incluiría el tratamiento del acuerdo sobre Patentes y la denominada Ley de Hojarasca.
La propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei apunta a reducir el alcance del régimen de subsidios al gas, que actualmente otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas para millones de usuarios de distintas regiones del país.
Según argumentó la administración nacional durante el debate en comisión, la ampliación aplicada en 2021 elevó el costo fiscal del sistema a más de 400 millones de dólares anuales y llevó la cobertura de 800 mil hogares a cerca de 4 millones.
El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda contó con la presencia de la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, quien defendió la necesidad de volver al esquema original del beneficio.
De aprobarse la iniciativa, el régimen volvería a concentrarse en las provincias patagónicas, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a provincias incorporadas hace cinco años como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
El dictamen de mayoría reunió 46 firmas correspondientes a La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, el MID y legisladores de bloques provinciales de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca. En paralelo, Unión por la Patria presentó un despacho alternativo con 31 firmas, mientras que Provincias Unidas impulsó otro de minoría con cuatro adhesiones.
Durante el debate, la diputada nacional Jimena López cuestionó la iniciativa y advirtió sobre el impacto que podría tener en las economías familiares bonaerenses.
“El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, sostuvo la legisladora, quien además remarcó que “las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”.
La discusión genera fuerte expectativa en varias provincias del centro del país, donde miles de usuarios podrían perder el beneficio. En territorio bonaerense, se estima que alrededor de 800 mil hogares quedarían excluidos del régimen si prospera la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
