El gobierno de Javier Milei avanza en una medida de fuerte impacto político y estratégico: destinar parte de los fondos obtenidos por privatizaciones y concesiones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La decisión será oficializada mediante un decreto que ya superó instancias técnicas dentro del gabinete.
El esquema prevé asignar el 10% de lo recaudado por futuras privatizaciones y el 70% de los ingresos provenientes de la venta o concesión de bienes del propio ámbito militar. El objetivo es reforzar la capacidad operativa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tras años de restricciones presupuestarias y pérdida de capacidades.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de garantizar un financiamiento sostenido para avanzar en equipamiento, infraestructura y logística. Desde la Casa Rosada aseguran que la medida forma parte de una redefinición de prioridades del Estado, vinculando la reducción del sector público con el fortalecimiento de áreas estratégicas.
El plan no se limita a la compra de armamento: incluye inversiones en bases militares, hangares, pistas, sistemas de comunicación y modernización edilicia. Entre los proyectos más relevantes aparece una base integrada en Tierra del Fuego, clave por su ubicación geopolítica y proyección hacia la Antártida.
En paralelo, el Gobierno ya dio señales en esta dirección con la compra de aviones F-16 a Dinamarca y la incorporación de vehículos blindados Stryker de Estados Unidos. En el caso de la Armada, la prioridad sigue siendo recuperar la capacidad submarina, perdida tras la tragedia del ARA San Juan.
