El Gobierno nacional dispuso la instalación de inhibidores de señal en cárceles federales para bloquear el uso de teléfonos celulares dentro de los pabellones, en una medida que apunta directamente a cortar la comunicación entre internos y organizaciones delictivas en el exterior.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 336/2026, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y contempla la implementación de sistemas avanzados capaces de detectar y anular frecuencias de telefonía móvil en tiempo real.
El anuncio fue reforzado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo públicamente que “en las manos de un preso un celular es un arma”, dejando en claro el enfoque del Gobierno sobre el impacto de estas comunicaciones ilegales.
Desde el Ejecutivo consideran que el uso no controlado de celulares dentro de los penales es uno de los principales problemas de seguridad, ya que permite la coordinación de delitos como extorsiones, secuestros y maniobras vinculadas al narcotráfico desde el interior de las cárceles.
Con esta medida, buscan desarticular ese circuito operativo y reforzar el control sobre la población carcelaria, en un intento por limitar la capacidad de acción de las bandas criminales que continúan operando aún con sus líderes detenidos.
