La situación de los caminos rurales en el partido de Nueve de Julio vuelve a quedar en el centro del debate, no solo por su deterioro evidente sino, fundamentalmente, por la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a su mantenimiento. Así lo advirtió la Federación Agraria Argentina – Filial Nueve de Julio, a través de un comunicado en el que cuestiona la ausencia de información clara sobre la recaudación y ejecución de la tasa vial.
Según se detalla, un informe técnico elaborado a partir de datos oficiales del propio municipio, correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y al período en curso, demuestra que no existe un desfinanciamiento estructural del sistema. “Lo que sí queda en evidencia es la ausencia de información clara, consolidada y accesible que permita conocer cuánto se recauda anualmente por la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial y cómo se ejecutan efectivamente esos recursos”, señalaron desde la entidad.
El reclamo se agrava al recordar que en junio de 2025 se presentó formalmente un pedido de informes e investigación sobre el uso de la tasa vial durante el período 2019–2023, correspondiente a la gestión del intendente Mariano Barroso. A comienzos de 2026, ese pedido continúa sin respuesta oficial.
En paralelo, el partido de Nueve de Julio se encuentra declarado en emergencia hídrica desde el 1 de mayo de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026. En ese marco, en diciembre pasado el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para aplicar a la tasa vial un criterio similar al utilizado por Nación y Provincia en situaciones de emergencia, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre los productores afectados.
No obstante, desde la Federación Agraria advirtieron que “al reglamentar la ordenanza, el Ejecutivo municipal desnaturalizó su espíritu”, ya que el beneficio se aplicó únicamente a la primera cuota de la tasa y se excluyó a productores con deudas. “En la mayoría de los casos, esas deudas se generaron durante el propio período de inundación, cuando no era posible sacar cereal ni vender animales para generar ingresos”, remarcaron.
Mientras tanto, fueron los propios productores quienes debieron hacerse cargo de la transitabilidad rural. De manera colectiva y con recursos propios, se organizaron para contratar maquinaria privada, aportar combustible, adquirir caños para alcantarillas y habilitar cesiones de paso por los campos. “Todo este esfuerzo fue asumido de forma privada, supliendo en los hechos la ineficiencia del Estado municipal, sin reconocimiento institucional ni reflejo alguno en las rendiciones oficiales”, subrayaron.
Desde la entidad rural advirtieron finalmente que la falta de respuestas erosiona la confianza pública. “Cuando las rendiciones no se muestran, los pedidos de informes no se responden y las ordenanzas se reglamentan en sentido contrario a su espíritu, la duda sobre la honestidad en el manejo de los fondos públicos se vuelve inevitable”, concluye el comunicado.
