A cinco años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), aprobada el 30 de diciembre de 2020, distintos sectores advierten un retroceso en políticas públicas que acompañaban la implementación del derecho.
En un contexto de ajuste en el sistema de salud y de cambios impulsados por el actual Gobierno nacional, organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian que varios de los pilares que garantizaban el acceso efectivo a la IVE fueron debilitados o directamente desmantelados.
Entre los principales señalamientos aparece la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para la práctica de abortos seguros. Según datos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, hasta mayo pasado el Estado nacional no adquiría ni distribuía insumos para IVE/ILE a las provincias, situación confirmada por el Ministerio de Salud en febrero de 2025, con faltantes registrados en al menos 20 jurisdicciones del país.
También se advierte una reducción en la provisión de anticonceptivos y test de embarazo, en contradicción con el lema histórico que acompañó la sanción de la ley: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En la misma línea, en abril de 2024 el Gobierno modificó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política reconocida a nivel regional por haber logrado una reducción del 22% en los embarazos adolescentes, y dio de baja más de 600 contrataciones vinculadas al programa.
Desde Amnistía Internacional alertaron además sobre el avance de discursos y dispositivos que buscan desalentar el acceso al aborto legal, bajo iniciativas presentadas como espacios de “acompañamiento”, pero que, según denunciaron, difunden información falsa, exageran riesgos médicos y ejercen prácticas coercitivas. A cinco años de la sanción de la ley, los movimientos feministas sostienen que la norma sigue vigente, pero su aplicación enfrenta obstáculos crecientes que mantienen viva la resistencia y el reclamo por su pleno cumplimiento.
