La Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional dispuso dejar sin efecto la asignación de autos oficiales y choferes que habían sido otorgados a funcionarios, agentes y personal dependiente del área, en el marco de una política de austeridad y reducción del gasto público.
La medida fue confirmada este martes y apunta a optimizar el uso de los recursos del Estado. Según se explicó oficialmente, el objetivo es reordenar la flota vehicular y los servicios de traslado para que sean acordes a criterios de razonabilidad del gasto y eficiencia en la gestión, en un contexto de restricción presupuestaria.
A partir de la resolución, cada una de las secretarías que integran la Jefatura de Gabinete deberá informar de manera formal el listado de vehículos y choferes que se encuentran actualmente bajo su órbita, a fin de avanzar con la restitución de las unidades asignadas.
El esquema contempla, no obstante, la posibilidad de excepciones. En aquellos casos en los que un funcionario considere indispensable contar con un vehículo oficial o servicio de traslado, deberá realizar un pedido fundado mediante comunicación oficial. La asignación solo será autorizada si existe una constancia expresa y detallada de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.
Desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalaron que la decisión forma parte de un proceso más amplio de revisión del uso de bienes del Estado, con el foco puesto en reducir gastos que no se consideren estrictamente necesarios para el funcionamiento de la gestión.
