Tras el ingreso del proyecto de Reforma Laboral al Senado, Patricia Bullrich activó una intensa ronda de negociaciones con gobernadores para intentar que la iniciativa sea aprobada durante la última semana de diciembre.
El oficialismo busca avanzar contrarreloj, mientras el peronismo prepara una estrategia legislativa para bloquear el tratamiento.
El primer paso será este martes, cuando la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a los presidentes de bloque para intentar acordar la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto. Si ese objetivo se concreta, el debate podría comenzar el miércoles en un plenario de comisiones y extenderse, de ser necesario, durante jueves y viernes, con la meta de emitir dictamen antes del cierre del año parlamentario.
La intención del Gobierno es llevar el proyecto al recinto entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre, en una misma ventana legislativa que incluiría también el tratamiento del Presupuesto 2026. El camino, sin embargo, aparece lleno de obstáculos, ya que se prevé la participación de numerosos especialistas en las comisiones, algo que el oficialismo intenta acotar para acelerar los tiempos.
Para lograr la aprobación, Bullrich necesita reunir todos los votos de La Libertad Avanza, sumar los tres senadores del PRO, unos diez de la UCR y al menos tres legisladores de bloques provinciales. Allí se concentra la mayor dificultad: varios de esos senadores responden a gobernadores de origen peronista que no estarían dispuestos a enfrentar abiertamente a la CGT.
En ese marco, aparecen como reticentes los mandatarios Gustavo Sáenz, Claudio Vidal y Osvaldo Jaldo, mientras que el oficialismo deposita expectativas en el acompañamiento de Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén. En contraposición, ya se da por descartado el respaldo de Gerardo Zamora y Raúl Jalil, alineados con el bloque peronista.
En paralelo, el peronismo, que reúne 28 senadores entre sus subbloques, busca sumar al menos siete voluntades para rechazar la reforma y trabaja sobre los mismos gobernadores a los que apunta el oficialismo. Todo esto ocurre en un clima de fuerte tensión social, con la CGT y las CTA convocando a una movilización a Plaza de Mayo para el jueves a la tarde, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La pulseada política y sindical promete marcar el cierre del año legislativo, con una votación que, de concretarse, podría redefinir el esquema laboral en la Argentina.
