El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que tiene como eje la creación del llamado banco de horas, un mecanismo que podría reemplazar el esquema tradicional de horas extra y modificar la forma en que se organiza y se paga la jornada laboral.
El sistema, inspirado en modelos aplicados recientemente en otros países, plantea que empleadores y trabajadores puedan firmar acuerdos escritos para redistribuir las horas según los picos o bajas de actividad, siempre con carácter voluntario y bajo métodos de control verificables que registren las horas trabajadas y las que el empleado pasa a disposición.
El banco de horas permitiría compensar tiempos: trabajar más en días de mayor demanda y luego recuperar esas horas con descansos adicionales o jornadas más cortas. La única limitación sería respetar los descansos legales de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales, una condición clave para evitar abusos y futuros conflictos judiciales.
Con este esquema, el pago por horas adicionales sería menor al recargo del 50% o 100% previsto en el régimen actual, lo que abre un debate sobre los cambios en compensaciones y derechos adquiridos. Para actividades como comercio, turismo o servicios estacionales, el Gobierno considera que se trata de una herramienta de organización moderna, aunque su aplicación anticipa tensiones con los sindicatos y un fuerte debate legislativo.
