La comunidad todavía recuerda el crimen de Lucas González como una de las heridas más profundas provocadas por la violencia institucional. Su familia, que intentó recomponer su vida después del asesinato, ahora enfrenta una nueva tragedia: la pérdida total de la indemnización que debía ayudarles a reconstruirse.
Tras el avance del juicio civil contra el Gobierno porteño, la familia había recibido una reparación económica que no alcanzaba a cubrir el vacío emocional, pero sí prometía cierto alivio después de años marcados por el dolor, problemas de salud y dificultades materiales. Esa expectativa se derrumbó cuando un expolicía federal, conocido del entorno barrial, aprovechó su cercanía para ganarse la confianza de los padres del joven.
En un contexto de fragilidad extrema, se integró a la vida cotidiana de la familia y terminó accediendo a datos bancarios bajo el argumento de brindarles seguridad. Esa confianza fue traicionada: la indemnización completa fue retirada y transferida sin control ni advertencias, dejando las cuentas vacías cuando el padre de Lucas llegó al banco.
Entre los vecinos, el golpe generó indignación y tristeza. Muchos señalan la soledad en la que quedó la familia y la facilidad con la que, nuevamente, se vulneraron sus derechos. La pregunta que circula en el barrio es cómo es posible que alguien que se decía cercano haya profundizado tanto el daño que ya había provocado el Estado.
El caso sigue bajo investigación y la familia reclama no solo justicia por la estafa, sino también explicaciones por la falta de controles en operaciones bancarias tan sensibles. Cerca de ellos, el vecindario vuelve a organizarse para acompañarlos, con la convicción de que ninguna persona debería atravesar dos tragedias por la misma historia.
