El conflicto en la empresa láctea La Suipachense alcanzó un punto crítico y mantiene en vilo a 150 familias. La disputa comenzó por los retrasos en el pago de salarios de julio y derivó en protestas en Chivilcoy.
La compañía, perteneciente al grupo venezolano Maralac, responsabilizó al sindicato ATILRA por supuestos hechos de violencia dentro de la planta, entre ellos amenazas, la retención de directivos y la toma de oficinas administrativas. Según la firma, esta situación provocó una caída del 50% en la producción, pasando de procesar 4 a 2 millones de litros de leche al mes.
En paralelo, la empresa resolvió el despido de nueve trabajadores, a quienes vinculó con los incidentes. Sin embargo, desde ATILRA desmintieron de manera categórica esas acusaciones y denunciaron que se trata de una represalia frente a los reclamos por haberes adeudados.
El conflicto se trasladó ahora al ámbito institucional, con la intervención del Ministerio de Trabajo y la participación de la CGT local, en un intento de encauzar el diálogo y evitar que la crisis se profundice.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el futuro laboral de 150 empleados continúa en suspenso.
