El grupo de Jubiladas y Jubilados Municipales Autoconvocadas/os de 9 de Julio presentó un reclamo formal ante el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, en el que expusieron la crítica situación salarial y previsional que atraviesa el sector.

Foto archivo a modo ilustrativo.
La presentación fue dirigida con el objetivo de solicitar el uso de la Banca Ciudadana para poder visibilizar públicamente la problemática que afecta a jubilados y pensionados municipales del distrito.
En paralelo, el colectivo elevó una nota a la intendenta municipal cuestionando las políticas salariales implementadas por el Ejecutivo y alertando sobre el impacto que las mismas generan tanto en trabajadores activos como en jubilados.
Desde el sector remarcaron que la situación previsional depende directamente de las negociaciones salariales de los empleados municipales en actividad, ya que los incrementos otorgados por el Instituto de Previsión Social se calculan en base a las actualizaciones del salario básico.
“A los activos si no les aumenta el salario básico, nosotros no tenemos ninguna mejora”, expresaron.
En el escrito recordaron que comenzaron a autoconvocarse tras la devaluación de diciembre de 2023 y el inicio de la actual gestión municipal, ante la pérdida del poder adquisitivo y la falta de representación gremial en las discusiones salariales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la utilización de bonos no remunerativos como mecanismo de actualización salarial. Según señalaron, esta modalidad “desfortalece” el salario básico y perjudica directamente conceptos como antigüedad, aguinaldo y bonificaciones.
Además, sostuvieron que durante 2024 y 2025 advirtieron reiteradamente sobre las consecuencias de no incorporar sumas al básico y continuar con incrementos mediante pagos no remunerativos, situación que —afirman— terminó generando una caja previsional desfinanciada y menores aportes jubilatorios.
Entre los puntos más sensibles del reclamo, denunciaron que actualmente jubilados y pensionados municipales son considerados “deudores” del Instituto de Previsión Social, lo que derivará en descuentos mensuales de hasta el 20% sobre sus haberes para cubrir montos adeudados.
También señalaron que el sector cerró el último año con un incremento acumulado del 27%, lejos del 40% previsto en el Presupuesto 2025, y denunciaron que un 14% correspondiente a deuda salarial de 2024 no fue incorporado al salario básico.
En los documentos difundidos responsabilizaron tanto al Ejecutivo municipal como a los concejales que acompañaron las decisiones adoptadas, asegurando que una gran parte de jubilados y pensionados municipales se encuentra actualmente “bajo la línea de indigencia”.
Finalmente, solicitaron la apertura urgente de una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores involucrados en las decisiones salariales del municipio, con el objetivo de encontrar soluciones y mejorar las condiciones económicas de trabajadores activos y jubilados.
“Sin trabajadores, no hay gestión política que funcione”, concluye el comunicado difundido por el sector.



