Se presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para modificar el actual régimen de uso de banquinas en rutas bonaerenses y permitir que los municipios administren directamente tanto los permisos como los fondos obtenidos por la explotación agrícola de esos espacios.
El diputado bonaerense Alejandro Acerbo presentó la iniciativa que busca reemplazar la Ley 10.342, vigente desde 1985, por un nuevo esquema que otorgue mayor autonomía a los gobiernos locales en la gestión de estos recursos.
Según explicó el legislador de Fuerza Patria, la normativa actual responde a un modelo “centralizado” que ya no se ajusta a las necesidades institucionales y territoriales de los municipios bonaerenses.
“El presente proyecto propone la derogación de la Ley 10.342 y su reemplazo por un régimen más adecuado a las actuales exigencias institucionales, ambientales y de gestión territorial”, sostuvo Acerbo en los fundamentos de la iniciativa.
Actualmente, la legislación permite que los municipios otorguen permisos para el uso agrícola de sectores adyacentes a rutas provinciales —con exclusión de las banquinas propiamente dichas— aunque siempre bajo autorización de la Dirección de Vialidad bonaerense y respetando determinadas condiciones de conservación del suelo.
El sistema vigente también fija cómo deben distribuirse los ingresos generados por esos permisos: un 60% debe destinarse a los Consejos Escolares para infraestructura y funcionamiento, un 20% a asociaciones de bomberos voluntarios o entidades de bien público y el 20% restante al mantenimiento de caminos municipales.
El proyecto impulsado por Acerbo apunta precisamente a modificar ese esquema de reparto. La propuesta establece que los fondos obtenidos por el alquiler o explotación de banquinas ingresen directamente a cuentas municipales y puedan ser administrados según lo determinen las ordenanzas locales.
La única condición obligatoria será que al menos un tercio de esos recursos se destine al mantenimiento de caminos rurales, banquinas o infraestructura vial.
Otro de los cambios importantes que plantea la iniciativa es la ampliación de los plazos de explotación. Mientras la ley actual permite autorizaciones de apenas un año, el nuevo proyecto propone extenderlas hasta tres años, con posibilidad de renovación.
A su vez, la Provincia conservaría facultades de control y supervisión, pudiendo convalidar, rechazar o revocar permisos cuando existan razones vinculadas a la seguridad vial o al interés público.
“Se incorporan reglas claras y un mecanismo de plazo cierto para la convalidación provincial, evitando dilaciones que obstaculicen la gestión local y otorgando previsibilidad jurídica a los interesados”, señaló el exintendente de Daireaux.
En los fundamentos del proyecto, el legislador remarcó además que la iniciativa busca fortalecer la autonomía municipal prevista en la Constitución bonaerense y avanzar hacia una gestión más descentralizada y eficiente de los recursos generados en el ámbito vial rural.
