El Gobierno nacional volvió a tensar la relación con los sindicatos al poner en duda la homologación de la paritaria firmada por el Sindicato de Comercio y las cámaras empresarias del sector. El acuerdo, que ya había sido cerrado entre las partes, ahora enfrenta objeciones oficiales en el marco de la política de contención salarial.
El entendimiento contempla un incremento del 5% distribuido en tres tramos —2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio— junto con el pago de un bono extraordinario de 120 mil pesos. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo analizan la posibilidad de validar solo parcialmente el convenio.
Los cuestionamientos del Ejecutivo apuntan a dos puntos centrales. Por un lado, el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima de lo establecido en la reciente reforma laboral. Por otro, la suba en la contribución empresarial destinada a la OSECAC, que pasó de 8 mil a 28 mil pesos mensuales por trabajador.
Este último ítem representa un impacto económico significativo para el gremio, ya que implicaría ingresos millonarios mensuales para sostener el sistema de salud de los afiliados.
La postura oficial se inscribe en una estrategia más amplia orientada a mantener las subas salariales por debajo de la inflación, que en el último mes se ubicó en torno al 3,4%. No es la primera vez que el Gobierno interviene en negociaciones ya acordadas: el antecedente más cercano fue la paritaria del sector camionero, donde también se convalidó solo una parte del acuerdo.
El escenario abre un nuevo foco de conflicto entre el Ejecutivo, los sindicatos y las cámaras empresarias. Mientras el Gobierno busca ordenar las variables macroeconómicas, los gremios advierten que limitar los aumentos pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores.
La definición final sobre la homologación será clave no solo para el sector mercantil, sino también como señal para el resto de las negociaciones paritarias en curso.
