Las reiteradas amenazas de tiroteo en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires encendieron la preocupación de autoridades y comunidades escolares, que ya activaron un protocolo específico de actuación ante este tipo de situaciones.
El procedimiento se inicia en el mismo momento en que aparece un mensaje intimidante, ya sea a través de pintadas, carteles o cualquier advertencia escrita dentro del ámbito escolar. Ante esto, el personal docente o no docente debe informar de inmediato al equipo directivo de la institución.
A partir de allí, los directivos dan intervención al inspector de enseñanza, quien eleva el caso al inspector distrital. En paralelo, se realiza la denuncia formal ante la fiscalía correspondiente, sin que sea necesario identificar en una primera instancia al autor de la amenaza.
De manera simultánea, la Inspección Distrital articula con las áreas centrales del sistema educativo para garantizar un seguimiento integral del caso. El protocolo también contempla un abordaje dentro de la comunidad educativa, comenzando por el grupo directamente afectado —como el curso donde surgió la amenaza— y extendiéndose luego a toda la institución.
Además, se establece contacto con las familias para informar la situación y generar instancias de acompañamiento. En este proceso intervienen equipos de orientación escolar, inspectores de nivel y profesionales del área de Psicología, con el objetivo de contener a los estudiantes, prevenir nuevos episodios y reducir cualquier riesgo.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense recordaron que este tipo de amenazas constituyen un delito tipificado en el Código Penal bajo la figura de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.
