En medio de una creciente presión financiera sobre las provincias, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tomó una decisión que combina estrategia política y alto riesgo: no solicitar los adelantos de coparticipación habilitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, pese a haber denunciado públicamente una “asfixia” económica por parte del Gobierno nacional.
La medida sorprendió en el escenario político, ya que el propio equipo económico nacional abrió la posibilidad de acceder a financiamiento inmediato a tasas subsidiadas —muy por debajo del mercado— para aliviar la crítica situación de las arcas provinciales. Sin embargo, desde La Plata optaron por no recurrir a ese auxilio.
Detrás de la decisión aparece una lectura política clara. En el entorno del gobernador sostienen que aceptar esos fondos diluiría el argumento central que busca instalar: que el ajuste del Gobierno nacional se sostiene recortando recursos a las provincias y afectando áreas sensibles. La estrategia apunta a colocar en el centro del debate el impacto del rumbo económico de la gestión de Javier Milei.
El movimiento, sin embargo, no está exento de riesgos. La provincia enfrenta compromisos inmediatos, como el pago de salarios y futuras negociaciones paritarias en un contexto de caída de la recaudación. En paralelo, intendentes y sectores sociales ya sienten el impacto de recortes en programas nacionales, lo que traslada presión a las administraciones locales.
En ese marco, la decisión de Kicillof también busca anticiparse a un escenario donde el costo político de medidas nacionales —como recortes en asistencia social o salud— termina recayendo sobre las provincias y municipios, que deben dar respuesta directa a la demanda social.
Mientras tanto, el trasfondo económico es cada vez más complejo. La caída de la recaudación y la desaceleración de la actividad profundizan la fragilidad financiera de los distritos, en un contexto donde el margen de maniobra es cada vez más reducido.
Así, la jugada del gobernador bonaerense abre un nuevo capítulo en la disputa con la Casa Rosada: una apuesta a tensar al máximo la cuerda para exponer el modelo económico nacional, aun cuando eso implique transitar una zona de riesgo para las cuentas provinciales.
