El Gobierno nacional avanza en la reglamentación de la reforma laboral con el objetivo de oficializarla durante abril, en medio de los amparos judiciales impulsados por la CGT que frenaron parcialmente su aplicación.
Desde la Casa Rosada aseguran que no habrá modificaciones de fondo en el contenido de la ley, pese a la presión judicial. En cambio, la estrategia apunta a “blindar” los aspectos más cuestionados a través del decreto reglamentario, cuyo circuito administrativo ya se encuentra en marcha tras la sanción de la norma en el Congreso a fines de febrero.
En paralelo, el Ejecutivo busca concentrar las presentaciones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo y escalar la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de unificar criterios y responder de manera coordinada a los distintos frentes abiertos.
La reglamentación involucra a áreas clave como Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes de pasar por Legal y Técnica para su redacción final y posterior publicación en el Boletín Oficial. Entre los puntos más sensibles se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral, considerado prioritario por el Gobierno, en un escenario donde también se busca sostener la actual estructura de competencias laborales frente a los reclamos sindicales.
