El PAMI dio marcha atrás y restableció la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados, tras una fuerte presión judicial que obligó a modificar las restricciones vigentes en los últimos meses.
La decisión, que ya rige en todo el país, responde a fallos de la Justicia Federal que cuestionaron los requisitos impuestos por el organismo para acceder a los remedios gratuitos. Esas condiciones, más estrictas en términos patrimoniales y administrativos, habían generado múltiples reclamos por limitar el acceso a tratamientos esenciales.
Uno de los casos clave se dio en Mendoza y luego escaló en San Miguel de Tucumán, donde intervino el juez José Manuel Díaz Vélez, con respaldo de la Cámara Federal de Apelaciones. Allí se priorizó el derecho a la salud por sobre las restricciones implementadas.
Además del frente judicial, hubo presión política. El diputado Carlos Cisneros fue uno de los principales impulsores del reclamo, acompañado por la asociación civil REDECU. También intervino el fiscal Agustín Chit, quien avanzó con medidas contra autoridades del organismo, entre ellas su titular, Esteban Leguízamo.
Con este escenario, el PAMI implementó una nueva resolución que amplía el vademécum gratuito y elimina trabas burocráticas, con la orden de aplicar los cambios de manera inmediata en todas las delegaciones.
Sin embargo, la cobertura total no será universal. Quedarán excluidos quienes superen 1,5 haberes mínimos —límite que se extiende a 3 en caso de convivir con una persona con discapacidad—, así como quienes tengan capacidad económica comprobable: propietarios de más de un inmueble, dueños de vehículos de menos de 10 años de antigüedad, titulares de empresas o poseedores de bienes considerados de lujo, como embarcaciones o aeronaves. También seguirán afuera quienes cuenten con medicina prepaga o doble cobertura.
La medida abre una nueva etapa en la discusión por el acceso a medicamentos y restituye un beneficio que, para miles de jubilados, resulta esencial para sostener sus tratamientos.
