El Gobierno nacional dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino por un plazo de 180 días, en una medida que apunta a auditar en profundidad balances, contratos y movimientos financieros de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia, organismo que venía reclamando documentación contable y administrativa sin obtener respuesta satisfactoria.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, documentación respaldatoria y acuerdos comerciales de la AFA. Su tarea incluirá la elaboración de informes parciales en caso de detectar irregularidades urgentes, además de un informe final al cierre del proceso.
Entre los puntos a analizar figuran los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y distintas relaciones comerciales bajo observación, entre ellas operaciones con firmas y personas específicas que quedaron bajo la lupa.
La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que cuestionó la falta de entrega de información clave y también el intento de la AFA de fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa maniobra fue considerada “ficticia”, por lo que la entidad seguiría bajo su jurisdicción.
El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA escaló en las últimas semanas. Desde la entidad que encabeza Tapia rechazaron la medida, la calificaron como una “veeduría ilegítima”, negaron irregularidades en los balances y anticiparon que buscarán frenar el avance por la vía judicial.
Si bien la veeduría no implica una intervención plena ni modifica el funcionamiento cotidiano de la AFA, sí abre una instancia de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del fútbol argentino. El resultado podría derivar en nuevas exigencias, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en la Justicia.
