Ocho años después de la tragedia que conmocionó al país, este martes comenzará en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz y se extenderá hasta el 8 de julio, con audiencias programadas de lunes a jueves en semanas alternas.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que se prolongó por más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. La implosión del submarino provocó la muerte de toda la tripulación.
En el banquillo de los acusados se sentarán cuatro exjefes de la Armada: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento del hecho; el capitán de navío Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El tribunal estará presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal actuará con un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan. Las querellas de los familiares están representadas por los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.
Entre los testigos citados figuran sonaristas que participaron en la búsqueda, oficiales navales y miembros del alto mando de la Armada. No serán convocados el expresidente Mauricio Macri, su exjefe de Gabinete Marcos Peña ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, ya que la fiscalía desistió de citarlos.
Entre las pruebas centrales que se analizarán se encuentra el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por la empresa Ocean Infinity, así como documentación confidencial remitida por la Armada Argentina con carácter de secreto militar.
La decisión de realizar el juicio en Santa Cruz, y no en Mar del Plata como pretendían algunos familiares, fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, que sostuvo que debía intervenir el tribunal que previno en la causa.
El inicio del proceso marca un momento clave para las familias de los 44 tripulantes, que desde 2017 reclaman justicia y el esclarecimiento de las responsabilidades en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.
