El Senado aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, otorgándole media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados al inicio del período ordinario.
Desde los palcos, funcionarios del Ejecutivo celebraron el resultado, que fue interpretado como un respaldo político clave en una agenda vinculada al impulso de inversiones en provincias cordilleranas.
La modificación introduce cambios a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, redefiniendo el alcance de las zonas protegidas. Si bien se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, se habilita la posibilidad de desarrollar proyectos en áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable. Según el oficialismo, la reforma corrige “ambigüedades jurídicas” que habrían frenado inversiones mineras e hidrocarburíferas.
El proyecto también establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía. Desde la oposición cuestionaron la iniciativa y la calificaron como un “retroceso ambiental”, al advertir que podría flexibilizar la protección de ecosistemas clave para la regulación hídrica en zonas de alta montaña.
