El conflicto por el estado de los caminos rurales y el cobro de la tasa vial en 9 de Julio trascendió el plano local y comenzó a tener repercusión en medios nacionales. En las últimas horas, el sitio web del canal Todo Noticias (TN) reflejó la situación y expuso el malestar de productores agropecuarios frente a decisiones adoptadas por el municipio.
Captura de pantalla de la publicación del sitio web de "TN".
El eje del reclamo gira en torno al deterioro de la red vial rural. Productores sostienen que el estado de los caminos no se corresponde con lo que abonan en concepto de tasa vial y aseguran que, en muchos casos, deben afrontar por cuenta propia trabajos de mantenimiento para poder transitar y garantizar la actividad productiva.
La polémica escaló luego de que la productora agropecuaria Patricia Gorza, referente de Mujeres de la Ruralidad Argentina, cuestionara públicamente en redes sociales una medida que condicionaría la emisión de guías para el traslado de hacienda al pago del tributo. Se trata de una herramienta clave para la operatoria diaria de los establecimientos ganaderos, por lo que la restricción generó fuerte preocupación en el sector.
Mientras tanto, la Municipalidad difundió una convocatoria dirigida a productores frentistas para la siembra de franjas adyacentes sobre la Ruta Provincial Nº 65. La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 10.342 y en la Ordenanza Municipal 2882/91, que permiten otorgar permisos de uso precarios y onerosos para la explotación agraria de sectores lindantes a rutas y caminos provinciales, excluyendo las banquinas.
Según lo informado oficialmente, los permisos tendrán una duración máxima de un año, con posibilidad de renovación, y estarán destinados a la implantación de cereales, oleaginosas, forrajes o pasturas, bajo determinadas condiciones técnicas y ambientales. Entre los requisitos se exige el control de plagas y malezas, la aplicación de prácticas conservacionistas y se prohíbe el pastoreo de hacienda y el alambrado de los predios.
El esquema prevé prioridad para propietarios o arrendatarios frentistas y, en segunda instancia, para entidades de bien público como cooperadoras escolares. En caso de no cubrirse las superficies, se realizarán llamados a concurso o licitación.
En cuanto al destino de los fondos recaudados, el 60% será asignado al Consejo Escolar del Partido para infraestructura y equipamiento; el 20% a asociaciones de Bomberos Voluntarios u otras entidades de bien público; y el 20% restante al mantenimiento de la red vial municipal.
En este escenario, el debate por la contraprestación de la tasa vial y el estado de los caminos vuelve a tensar la relación entre el sector agropecuario y la administración local.
La repercusión en medios nacionales marca que el conflicto ya no se limita al ámbito distrital y coloca a 9 de Julio en el centro de la discusión sobre infraestructura rural y política tributaria.
