La Justicia dio un nuevo paso en la causa Vialidad al quedar la Cámara Federal de Casación Penal en condiciones de definir si confirma el decomiso de una veintena de propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, con el objetivo de recuperar parte del dinero determinado en la condena por corrupción.
El fiscal general ante Casación, Mario Villar, rechazó los recursos presentados por la exvicepresidenta y sus hijos, quienes denunciaron una supuesta persecución política, y solicitó que se avance con la ejecución de los bienes. La medida apunta a cubrir la suma exacta de 684.990.350.139,86 pesos, monto fijado en la sentencia contra los nueve condenados en la causa.
Las propiedades involucradas son un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otras 19 que fueron heredadas en partes iguales por Máximo y Florencia Kirchner. A fines de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió que estos bienes debían ser ejecutados y quedar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, mientras el fiscal Diego Luciani ya trabaja en una segunda etapa que podría incluir más activos.
En sus presentaciones, Cristina Kirchner sostuvo que la decisión judicial constituye “una nueva expresión del derecho creativo” utilizada para perseguirla políticamente y extender el castigo a su núcleo familiar. En la misma línea, las defensas de Máximo y Florencia afirmaron que los bienes tienen origen lícito, fueron recibidos de buena fe y que su legalidad ya fue reconocida en fallos con calidad de cosa juzgada.
Sin embargo, en un dictamen de 13 páginas, el fiscal Villar respaldó la decisión del tribunal y afirmó que el decomiso ya es una consecuencia penal firme, y que la resolución cuestionada sólo avanza en la forma de hacerla efectiva. También sostuvo que en delitos de corrupción y criminalidad económica organizada debe analizarse el incremento patrimonial injustificado y su coincidencia temporal con la maniobra ilícita.
El Tribunal Oral Federal estableció que la maniobra defraudatoria se desarrolló entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se adjudicaron de manera irregular 51 licitaciones viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
